Bruselas da un plazo de dos meses a España para solucionar el abuso de contratos temporales en el sector público antes de acudir al TJUE.
Sevilla, 8 de mayo de 2026
La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha presentado al Ministerio de Defensa un pliego de ocho preguntas en las que exige que se explique de forma concreta y motivada qué medidas piensa adoptar para dar cumplimiento al requerimiento que la Comisión Europea acaba de dirigir a España sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público.
El detonante inmediato es el Dictamen Motivado remitido por la Comisión Europea el pasado 29 de abril de 2026, en el marco del procedimiento de infracción INFR (2014)4334, abierto desde 2014 por el incumplimiento sistemático de la Directiva 1999/70/CE sobre contratos de duración determinada. Bruselas ha concluido que el derecho español carece de medidas eficaces para prevenir y sancionar el abuso de la temporalidad en el sector público y ha dado a España un plazo improrrogable de dos meses —que vence el 29 de junio de 2026— para remitir una respuesta normativa satisfactoria. Si esta no llega, la Comisión llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con el riesgo añadido de comprometer cientos de millones de euros en fondos del Plan de Recuperación.
La UMT subraya que este requerimiento europeo no es una cuestión ajena al ámbito de Defensa, sino que interpela directamente al régimen de compromisos temporales encadenados que establece la Ley 8/2006 de Tropa y Marinería, en virtud de la cual más de 62.000 soldados y marineros en activo prestan servicio bajo una relación de carácter temporal que se extingue de forma obligatoria al cumplir 45 años, sin posibilidad de estabilización y sin una compensación proporcional a los años de dedicación al servicio de España.
El Secretario General de UMT, Luis Miguel Feito Iglesias, ha querido dejar clara la gravedad del momento: «Europa ha puesto encima de la mesa lo que esta Asociación lleva años denunciando: que el modelo de vinculación temporal de la Tropa y Marinería no se ajusta a las exigencias del Derecho comunitario. El plazo de dos meses que la Comisión Europea ha concedido a España es una oportunidad para que el Ministerio de Defensa se siente a buscar soluciones reales para los miles de soldados y marineros que sirven a este país con vocación y profesionalidad. La UMT está dispuesta a colaborar en ese proceso y espera que esta vez las preguntas formuladas reciban la respuesta seria y motivada que merecen quienes han dedicado su vida al servicio de las Fuerzas Armadas.»
Las ocho preguntas formuladas abordan cuestiones de urgencia inmediata: la posición oficial del Ministerio ante el Dictamen Motivado, las medidas que adoptará en el plazo de dos meses, la compatibilidad de la Ley 8/2006 con la jurisprudencia del TJUE —incluida la sentencia del caso Obadal de 14 de abril de 2026—, el sistema de compensaciones económicas para quienes agoten su compromiso, el riesgo de responsabilidad patrimonial del Estado frente a reclamaciones individuales, y el compromiso —o su ausencia— con la derogación de la Ley 8/2006 y la creación de una Ley de Carrera Militar Única.
La UMT confía en que las respuestas lleguen antes de que venza el plazo europeo. El momento es propicio para que el Ministerio de Defensa tome la iniciativa y lidere una solución que proteja tanto los derechos del personal de Tropa y Marinería como los intereses del propio Estado español, evitando que una situación de larga data desemboque en un conflicto ante los tribunales europeos que resultaría evitable con voluntad política y diálogo institucional.
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