La asociación celebra que el Ministerio cumpla la palabra dada por la Subsecretaria y comience de inmediato la adaptación normativa para equiparar a los militares con el resto de empleados públicos.
Sevilla, 15 de abril de 2026
Ante la publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, que establece la implementación de la nueva jornada ordinaria de 35 horas para la Administración General del Estado (AGE) con efecto inmediato a partir de mañana, la asociación Unión de Militares de Tropa (UMT) desea comunicar lo siguiente:
En primer lugar, el Ministerio de Defensa ha confirmado oficialmente a la UMT que procederá de manera inmediata a trabajar en la modificación de la Orden Defensa 1363/2016, de 28 de Julio, por la que se regulan la jornada y el régimen de horario habitual en el lugar de destino de los miembros de las Fuerzas Armadas, con el objetivo inequívoco de adaptarla a la nueva jornada de 35 horas, equiparando así las condiciones laborales del personal militar con las del resto de la AGE.
Desde la UMT queremos expresar nuestro agradecimiento institucional al Ministerio de Defensa por el gesto de lealtad y transparencia al comunicar esta decisión en primera instancia a las Asociaciones Profesionales, como representantes legítimos de los militares. Este paso supone el cumplimiento del compromiso firme que la Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos, trasladó personalmente a esta asociación en la pasada reunión informativa sobre la Profesión de Riesgo.
Una victoria del asociacionismo y una cuestión de justicia, dado que esta noticia no es fruto de la casualidad, sino que representa un hito de justicia y es fruto de la perseverancia del asociacionismo militar. Si bien la jornada de 35 horas es el avance concreto de hoy, la demanda que la UMT, conjuntamente en el seno del COPERFAS, lleva años reclamando con insistencia es que las mejoras de derechos laborales que se aprueben para la AGE se implementen de forma simultánea, y no con años de demora, en las Fuerzas Armadas. La equiparación real con el resto de los empleados públicos no es un privilegio, sino un derecho fundamental para garantizar la mejora de la conciliación de la vida profesional y familiar, así como la calidad de vida de los militares y sus familias.
No aceptaremos dilaciones innecesarias en la aplicación de un derecho que ya es efectivo para el resto de la administración. La dignidad y el respeto a la profesión militar pasan por reconocer, de una vez por todas, la igualdad de derechos laborales.
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