La Secretaría de Estado de Seguridad presentó el 22 de septiembre a sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil una nueva propuesta de haberes reguladores y los ha emplazado al 11 de noviembre para cerrar el acuerdo. En el ámbito militar, cinco meses después de la reunión con la subsecretaria de Defensa, no hay ni calendario, ni texto, ni cuantificación económica alguna.
Sevilla, 24 de septiembre de 2026.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) alerta del desfase creciente entre la tramitación del reconocimiento de la profesión de riesgo en el ámbito del Ministerio del Interior y la situación de absoluta indefinición en que se encuentra el mismo procedimiento para los miembros de las Fuerzas Armadas. Ambos procesos se anunciaron prácticamente a la vez, en la primavera de 2026; hoy, uno discute cifras concretas con fecha de cierre y el otro no ha llegado siquiera a compartir el texto de su propuesta con las asociaciones profesionales.
En la reunión celebrada el pasado 22 de septiembre en la Secretaría de Estado de Seguridad, las organizaciones representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil recibieron una nueva propuesta de actualización de los haberes reguladores —la base sobre la que se calcula la pensión de Clases Pasivas—, construida sobre una metodología explícita: el haber regulador de 2015, la subida salarial real acumulada hasta 2025, el incremento de 2026 y la estimación del IPC de 2027. Con ese cálculo, las organizaciones sitúan el resultado para el subgrupo C1 en el entorno de los 38.000 a 39.000 euros anuales, y algunas de ellas proyectan cifras superiores a los 49.000 euros para el A2 y próximas a los 58.000 euros para el A1. Quedan cuestiones abiertas —los años exigidos para alcanzar el 100 %, la aplicación efectiva de los coeficientes reductores, el personal de Clases Pasivas anterior a 1996 o la equiparación del subgrupo C2—, pero la negociación tiene números, método y una fecha: el 11 de noviembre.
Frente a ello, el procedimiento en el ámbito militar permanece paralizado desde junio. El 9 de abril, la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada, y el director general de Personal, el general José Ramón Velón Ororbia, recibieron a las asociaciones con representación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas para informarles del inicio del trámite dirigido a solicitar al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones la consideración de la profesión militar como profesión de riesgo. Se trasladó entonces el compromiso de que alcanzaría a todo el personal militar, tanto del Régimen de Clases Pasivas como del Régimen General de la Seguridad Social, y de que el procedimiento se resolvería con rapidez. El 14 de mayo la ministra afirmó públicamente que el texto ya estaba redactado; el 2 de junio se celebró la reunión interministerial con Seguridad Social. Desde entonces, nada.
La UMT resume el contraste en dos ausencias. No hay texto: el proyecto anunciado en mayo no se ha remitido a las asociaciones pese a haberse solicitado por registro, de modo que nadie fuera del Ministerio sabe qué se ha pedido exactamente ni si las propuestas presentadas se han incorporado. Y, sobre todo, no hay números: no existe una sola cuantificación oficial de qué supondría el reconocimiento para un soldado, un cabo o un suboficial, ni en edad de retiro, ni en coeficiente aplicable, ni en cuantía de la pensión resultante. Sin cifras no hay negociación posible: hay únicamente un anuncio.
A esta falta de concreción se suma un obstáculo normativo de fondo. El Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, que regula el procedimiento previo para determinar los supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores, no reconoce legitimación a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas para instar el procedimiento, a diferencia de lo que ocurre con las organizaciones representativas de otros colectivos. La UMT reclamó su modificación junto a otras asociaciones en marzo de 2026 y reitera hoy esa exigencia: mientras el cauce siga cerrado, el personal militar dependerá en exclusiva de la voluntad y del ritmo de su propio Ministerio.
Existe, además, un riesgo específico que preocupa de manera particular a la asociación: la brecha entre regímenes. Los coeficientes reductores operan en el sistema de Seguridad Social, al que pertenece el personal ingresado a partir del 1 de enero de 2011, mientras que quienes ingresaron antes están acogidos al Régimen de Clases Pasivas. Si el reconocimiento no se articula simultáneamente para ambos, se consolidará una doble jubilación dentro de las mismas Fuerzas Armadas: mismo uniforme, mismas funciones, mismo riesgo y distinta pensión. La UMT ya advirtió en abril de que acudiría a los tribunales si el reconocimiento se aplicaba con exclusiones, y mantiene esa posición.
La asociación insiste, por último, en una particularidad que afecta de lleno a la escala de tropa y marinería: el reconocimiento debe tener impacto real sobre quienes abandonan las Fuerzas Armadas antes de alcanzar la edad de retiro. Miles de militares con compromiso temporal salen de la institución tras años de servicio en las mismas condiciones de peligrosidad y desgaste que el resto; un reconocimiento que solo produzca efectos para quien permanece hasta el final dejaría fuera precisamente al colectivo más expuesto a la temporalidad.
En consecuencia, la Unión de Militares de Tropa solicita al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:
- Remisión a las asociaciones profesionales del texto de la propuesta elevada a Seguridad Social y aclaración de qué aportaciones se han incorporado
- Presentación de una cuantificación económica completa: coeficientes propuestos, edades de retiro resultantes por empleo y régimen, y efecto sobre la pensión, con el mismo detalle con el que se ha hecho en Interior.
- Garantía expresa de que el reconocimiento alcanzará simultáneamente al personal de Clases Pasivas y de Seguridad Social, con medidas compensatorias allí donde el coeficiente reductor no resulte técnicamente aplicable.
- Modificación del Real Decreto 402/2025 para reconocer legitimación a las asociaciones profesionales de miembros de las Fuerzas Armadas.
- Aplicación del reconocimiento al personal que causa baja antes de la edad de retiro, con conservación del cómputo de los años de servicio prestados.
- Coordinación efectiva entre Defensa e Interior para evitar que el Estado reconozca el riesgo a distintas velocidades según el uniforme.
- Fijación de una fecha de cierre del procedimiento y del instrumento normativo que lo materializará, en paralelo al calendario abierto en el ámbito policial.
«Nos alegramos sinceramente de los avances de policías y guardias civiles: su reivindicación es justa y su riesgo es real. Pero en Defensa llevamos desde junio sin una reunión, sin un texto y sin una sola cifra. No pedimos privilegios, pedimos el mismo trato procedimental: un calendario y números encima de la mesa», ha señalado Luis Miguel Feito Iglesias, secretario general de la UMT.
«El riesgo del militar no depende del año en que ingresó ni del régimen al que esté adscrito. Si este reconocimiento acaba dividiendo a las Fuerzas Armadas entre quienes cobran una pensión digna y quienes no, habrá nacido roto. Y si el anuncio de marzo se queda en un titular sin desarrollo, la conclusión será que solo era eso: un titular», ha añadido José Francisco Durán Baños, presidente de la Unión de Militares de Tropa.
La UMT reitera su disposición a trabajar técnicamente con ambos departamentos y reclama que el procedimiento militar recupere el ritmo perdido antes de que finalice el año.