La UMT confirma que Defensa ha suprimido la lista cerrada de conceptos presupuestarios para los libramientos a justificar y exige que se note en el cobro de las dietas
La Orden DEF/1154/2026 deroga la norma de 2006 y habilita con carácter general los capítulos 1, 2, 4 y 6, suprimiendo la autorización individualizada de la Dirección General de Asuntos Económicos que antes exigía cualquier concepto fuera de lista. La asociación valora la reforma, advierte de que no alcanza a los anticipos de Caja fija y reclama que la agilidad normativa se traduzca en plazos reales de pago.
Sevilla, 9 de noviembre de 2026.
La Unión de Militares de Tropa (UMT) ha analizado la Orden DEF/1154/2026, de 20 de octubre, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 2 de noviembre y recogida en el «Boletín Oficial del Ministerio de Defensa» del día 5, por la que se establecen las normas para la aplicación de los anticipos de Caja fija y la expedición de libramientos a justificar en el Ministerio de Defensa. La norma entró en vigor el 3 de noviembre y deroga la Orden DEF/388/2006, que llevaba casi veintiún años en vigor. La asociación considera que introduce un cambio de modelo relevante y que conviene explicar con precisión qué supone y qué no supone para las unidades.
El núcleo de la reforma está en el artículo 5.3, conforme al cual «los conceptos y subconceptos presupuestarios con cargo a los que se podrán expedir propuestas de pago a justificar son los comprendidos en los capítulos de gastos de personal, gastos corrientes en bienes y servicios, transferencias corrientes e inversiones reales» —esto es, los capítulos 1, 2, 4 y 6—, si bien la persona titular de la Dirección General de Asuntos Económicos podrá modificar esos conceptos y establecer límites, previo informe de la Intervención General de la Defensa. Se pasa así de una lista cerrada a una autorización general por capítulos con potestad de restringir.
La comparación con la norma derogada mide el alcance del cambio. La Orden DEF/388/2006 contenía una relación tasada de conceptos y subconceptos —entre otros el 202, el 220, la serie 221, los artículos 22 y 23, el 250, las transferencias 480 a 488 y los conceptos 650, 660 y 670—, con límites cualitativos uno a uno. Para cualquier concepto no incluido en aquella relación era necesario tramitar una propuesta razonada, informada por el interventor delegado, elevarla a la Dirección General de Asuntos Económicos y esperar la aprobación expresa de su titular, previo informe de la Intervención General de la Defensa. Ese trámite, que consumía semanas, ha desaparecido.
La UMT valora positivamente la supresión de ese cuello de botella porque no era un problema teórico. Esta asociación ha denunciado públicamente impagos y retrasos de dietas, indemnizaciones por residencia eventual y gastos de desplazamiento derivados de la falta de liquidez o de habilitación suficiente en las cajas pagadoras, situaciones que obligaron a militares con nóminas próximas al salario mínimo interprofesional a adelantar de su bolsillo los gastos del servicio. A partir de ahora, la traba administrativa ya no podrá esgrimirse como explicación: si un soldado sigue esperando meses para cobrar un desplazamiento, la causa habrá que buscarla en la dotación de fondos o en la gestión, no en la norma.
La reforma incorpora además una medida que puede tener efecto inmediato en las unidades. El artículo 7.7 permite que las cajas pagadoras y las habilitaciones concedan anticipos temporales de cuantía inferior a 750 euros al personal de su unidad, para la atención inmediata de gastos necesarios para la vida y el funcionamiento cuando las costumbres del mercado obliguen a pagar en efectivo en el momento de la recepción, importe que el jefe de la Unidad Administrativa puede ampliar de forma justificada. Se trata de una previsión nueva, que no figuraba en la orden de 2006 y que responde a una realidad cotidiana de las unidades desplegadas o aisladas.
No todo es apertura, y la asociación considera obligado señalarlo. La misma orden restringe el efectivo: el artículo 7.1 fija en 2.500 euros el límite máximo en las cajas pagadoras —donde la norma de 2006 remitía directamente a la cuantía del contrato menor de suministro, sensiblemente superior— y el artículo 7.4 establece un tope de 1.000 euros en las habilitaciones, inexistente hasta ahora. La ampliación de ambos límites pasa a ser excepcional y requiere autorización expresa y motivada. Quedan fuera, eso sí, las unidades desplegadas en el exterior, con su normativa específica. La UMT advierte de que más conceptos disponibles con menos efectivo disponible no resuelve nada por sí solo si no se acompaña de una dotación suficiente de las cajas.
Procede subrayar, asimismo, tres límites del alcance de la reforma. El primero, que la apertura afecta a los libramientos a justificar pero no a los anticipos de Caja fija, que el artículo 4.5 mantiene circunscritos al capítulo 2, con un máximo de 5.000 euros por pago individualizado salvo energía eléctrica, combustibles, telefonía e indemnizaciones por razón del servicio. El segundo, que el supuesto habilitante del artículo 79 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, sigue siendo excepcional: solo cabe librar a justificar cuando no pueda aportarse la documentación justificativa antes de formular la propuesta de pago —motivándolo de forma individualizada para cada gasto— o cuando el servicio se preste en el extranjero. Y el tercero, que la potestad de la Dirección General de Asuntos Económicos para modificar conceptos y fijar límites puede vaciar de contenido la apertura si se ejerce de forma extensiva y sin publicidad.
La asociación plantea, por último, una cuestión técnica que conviene despejar sin demora. La relación de 2006 incluía el concepto 831, préstamos a largo plazo, encuadrado en el capítulo de activos financieros, que no figura entre los cuatro capítulos ahora habilitados. Procede que la Dirección General de Asuntos Económicos aclare de forma expresa qué efecto tiene esa exclusión sobre los anticipos de paga y sobre cualquier otra prestación que viniera tramitándose por esa vía, de modo que ningún militar vea demorada una ayuda por una laguna interpretativa.
En consecuencia, la Unión de Militares de Tropa solicita al Ministerio de Defensa:
- Difusión de una instrucción clara a todas las unidades administrativas y cajas pagadoras sobre el alcance de la nueva orden, que evite que la apertura quede neutralizada por inercia o por interpretaciones restrictivas.
- Publicación y comunicación al Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas de toda resolución de la Dirección General de Asuntos Económicos que modifique conceptos o fije límites, acompañada de su motivación.
- Aclaración expresa del régimen aplicable a los anticipos de paga tras la no inclusión del capítulo de activos financieros entre los habilitados.
- Compromiso verificable de reducción de los plazos de abono de dietas, indemnizaciones por residencia eventual y gastos de desplazamiento, con publicación periódica de la demora media por unidad.
- Aplicación efectiva del derecho de anticipo del artículo 19 del Real Decreto 462/2002, para que ningún militar tenga que adelantar de su nómina los gastos del servicio.
- Revisión al alza de la dotación de las cajas pagadoras de las unidades con mayor carga operativa, de modo que la agilidad normativa no quede anulada por falta de fondos.Instrucciones de aplicación de los anticipos temporales del artículo 7.7, para que su concesión no dependa del criterio dispar de cada unidad.
«Durante años se nos ha dicho que las dietas y los desplazamientos se retrasaban por trámites. Ese trámite ya no existe: la autorización concepto a concepto ha desaparecido del BOE. Celebramos la reforma, y precisamente por eso vamos a vigilarla. Si a partir de ahora un soldado sigue esperando meses para cobrar, la explicación tendrá que ser otra», ha señalado Luis Miguel Feito Iglesias, secretario general de la UMT.
«Una norma más ágil no sirve de nada si la caja está vacía. Se amplían los conceptos pero se recorta el efectivo disponible, y en las unidades el problema de fondo sigue siendo que no hay dinero cuando hace falta. Pedimos que se revisen las dotaciones y que se expliquen bien los nuevos anticipos, porque pueden resolver más de un apuro», ha añadido Francisco José Durán Baños, presidente de la Unión de Militares de Tropa.
La UMT pone a disposición de sus asociados su servicio de asesoramiento jurídico para cuantas dudas suscite la aplicación de la nueva orden.
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