La comisión de seguimiento del Acuerdo Marco se reúne hoy con CSIF, CCOO y UGT para dejar atada la subida del 4,5 % de 2027 y actualizar las indemnizaciones por razón del servicio. Los militares no tienen asiento en esa mesa: su único cauce, el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, sigue sin convocarse. Y a la subida porcentual suman una reivindicación propia: 600 euros lineales al mes como vía de equiparación efectiva.
Sevilla, 21 de octubre de 2026
La Unión de Militares de Tropa (UMT) reclama al Ministerio de Defensa que se siente de forma inmediata con los Ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Hacienda para que las reivindicaciones retributivas del personal militar entren en el mismo paquete que hoy se negocia para el conjunto de los empleados públicos. La comisión de seguimiento del Acuerdo Marco por la mejora del empleo público, firmado en noviembre de 2025, se reúne hoy con CSIF, CCOO y UGT para asegurar la subida salarial del 4,5 % correspondiente a 2027 antes de las elecciones del 29 de noviembre, por la vía del Consejo de Ministros y de la Diputación Permanente.
Ese acuerdo contempla un incremento global del 11 % para el periodo 2025-2028 —2,5 % en 2025, un 1,5 % fijo más un 0,5 % variable ligado al IPC en 2026, 4,5 % en 2027 y 2 % en 2028— y, en su apartado de medidas complementarias, el compromiso expreso de revisar al alza en 2026 las indemnizaciones por razón del servicio y los complementos de residencia e insularidad. Es precisamente esa actualización la que las organizaciones sindicales reclaman hoy que se apruebe «en lo que resta de año», y es también la que el ministro Óscar López anunció el pasado 17 de septiembre para «los próximos meses».
La UMT quiere subrayar que esto no es una reivindicación ajena al personal militar: es exactamente la suya. El artículo 25 de la Ley Orgánica 9/2011, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, establece que el sistema retributivo de los militares y el régimen de indemnizaciones por razón del servicio son los de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado, adaptados a las características de las Fuerzas Armadas, y encomienda al Gobierno efectuar esas adaptaciones cuando sean necesarias. Lo que se decida en esa mesa determina, por tanto, lo que cobrará un soldado.
Ahora bien, la asociación advierte de que una subida porcentual, siendo necesaria, no cierra la brecha: la ensancha. Un 4,5 % sobre las retribuciones más bajas de la escala produce, en euros, una fracción de lo que produce sobre las más altas, de modo que cada revisión porcentual aleja un poco más a la tropa y marinería del resto. Y la inflación tampoco es porcentual para quien la sufre: el alquiler, la cesta de la compra y el combustible cuestan lo mismo para un soldado o marinero que percibe poco más del salario mínimo interprofesional que para cualquier otro. Por eso la UMT reclama, además del incremento porcentual pactado, una subida lineal de 600 euros mensuales que alcance por igual a todos los empleos y recupere el poder adquisitivo perdido.
Esa cuantía no es una cifra improvisada ni una aspiración aislada. Responde a las vicisitudes propias de la profesión militar que ninguna otra Administración exige a sus empleados: la disponibilidad permanente para el servicio del artículo 22 de la Ley Orgánica 9/2011, la ausencia de retribución alguna por guardias, servicios y horas prestadas por encima de la jornada, la movilidad geográfica forzosa, el riesgo y la penosidad del cometido y la temporalidad que aún pesa sobre miles de soldados y marineros. Cuenta, además, con respaldo institucional: el dictamen de la Comisión de Defensa del Congreso sobre la memoria-informe del Observatorio de la Vida Militar insta a «acometer una equiparación retributiva de los militares» atendiendo a su disponibilidad permanente, penosidad y peligrosidad. Y tiene precedente propio: los 200 euros lineales aprobados en 2025 acreditaron que el instrumento es válido. Lo que se pide ahora es completarlo, no inventarlo.
Hay además un dato que esta asociación considera decisivo y que debería acelerar cualquier trámite: el Real Decreto 462/2002 no es una norma civil, es una norma común. Su artículo 2.1.a) lo declara aplicable al «personal, civil y militar, que presta servicios en la Administración General del Estado».
Las cuantías del anexo II son las mismas para un funcionario civil y para un militar; la tropa y marinería se encuadra en el grupo 3, con 77,13 euros de dieta entera congelados desde diciembre de 2005. Actualizar ese anexo no exige, por tanto, una norma militar específica ni un trámite separado: el mismo acuerdo de Consejo de Ministros que beneficie a los empleados públicos civiles alcanzará automáticamente a los militares.
Lo que sí requiere la iniciativa del Ministerio de Defensa son las adaptaciones propias del régimen militar, que ninguna mesa sindical va a plantear porque no le corresponde: el porcentaje de los pluses del artículo 15, los porcentajes de la indemnización por residencia eventual del artículo 16 —aplicados con frecuencia al 20, 30 o 40 %— y la supresión del descuento por alimentación en ejercicios, maniobras y navegaciones que esta asociación propuso en el Consejo de Personal. Esas adaptaciones solo puede proponerlas Defensa, y Defensa no las ha propuesto.
Y aquí está el problema estructural que la UMT lleva meses denunciando. Los militares, por su régimen específico de derechos, no están representados en la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado ni pueden sindicarse. Su único cauce institucional de participación es el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, regulado en los artículos 46 y siguientes de la Ley Orgánica 9/2011. Mientras CSIF, CCOO y UGT se sientan hoy con el Gobierno para cerrar el 4,5 % y exigir las dietas, las asociaciones profesionales militares siguen esperando que la Ministra de Defensa de el paso y defienda en esa mesa todas las demandas de las Asociaciones Militares llevamos años reclamando.
La asociación advierte de que este patrón ya se ha repetido: ocurre hoy con la profesión de riesgo, donde Interior mantiene una mesa técnica con cifras concretas mientras el procedimiento militar sigue sin texto y sin una sola cuantificación. Y volverá a ocurrir con las dietas si Defensa no interviene ahora. Conviene recordar que, disueltas las Cortes, el Gobierno en funciones limita su gestión al despacho ordinario, pero la actualización del anexo II del Real Decreto 462/2002 se aprueba por acuerdo del Consejo de Ministros, conforme a su disposición final cuarta y sin intervención parlamentaria. Son los mismos instrumentos que los sindicatos piden utilizar hoy: si caben para los empleados públicos civiles, caben para los militares.
En consecuencia, la Unión de Militares de Tropa solicita al Ministerio de Defensa:
- Interlocución inmediata con los Ministerios para la Transformación Digital y de la Función Pública y de Hacienda, para que la actualización de las indemnizaciones por razón del servicio comprometida en el Acuerdo Marco se apruebe antes del 29 de noviembre con plena aplicación al personal militar.
- Propuesta expresa de las adaptaciones que solo corresponden a Defensa: Trasladar formalmente las reivindicaciones retributivas del personal militar antes de esa fecha: porcentaje de los pluses, porcentajes mínimos garantizados de la indemnización por residencia eventual y supresión del descuento por alimentación en ejercicios, maniobras y navegaciones.
- Confirmación pública de que la subida del 4,5 % prevista para 2027 se aplicará al personal militar en los mismos términos y con los mismos efectos que al resto de empleados públicos.
- Incorporación al debate retributivo de una subida lineal de 600 euros mensuales para el conjunto del personal militar, adicional al incremento porcentual pactado, como vía de equiparación efectiva y de recuperación del poder adquisitivo perdido.
- Actualización del complemento de residencia y de las cuantías aplicables en Ceuta, Melilla y los archipiélagos, conforme al compromiso del Acuerdo Marco.
- Mecanismo estable que garantice que toda medida retributiva acordada en el ámbito de la función pública se traslade automáticamente al personal militar.
«Hoy hay una mesa abierta donde se decide lo que van a cobrar los empleados públicos y si se actualizan por fin las dietas. Los militares no podemos sentarnos en ella, pero Defensa sí. Pedimos que vaya, que pida lo mismo y que no nos enteremos después por el BOE de lo que se decidió sin nosotros», ha señalado Luis Miguel Feito Iglesias, secretario general de la UMT.
«Un 4,5 % sobre el sueldo de un soldado o marinero son poco más de cincuenta euros; sobre el de un empleo alto, varios cientos. Así no se cierra ninguna brecha, se agranda. Por eso pedimos además 600 euros lineales: el alquiler y la cesta de la compra no entienden de porcentajes ni de empleos», ha añadido José Francisco Durán Baños, presidente de la Unión de Militares de Tropa. La Unión de Militares de Tropa reitera su disposición a aportar el trabajo técnico ya elaborado y reclama que el personal militar no inicie otra legislatura con los mismos expedientes abiertos.
La Unión de Militares de Tropa reitera su disposición a aportar el trabajo técnico ya elaborado y quiere recalcar de manera contundente que mantiene una firme unidad de acción junto a las asociaciones ASFASPRO y AUME. Las tres organizaciones seguimos trabajando juntas, en un frente común intacto, para reivindicar tanto el justo reconocimiento de la profesión de riesgo como las necesarias mejoras retributivas, exigiendo que el personal militar no inicie otra legislatura con los mismos expedientes abiertos.
