La asociación denunció en febrero que los nuevos módulos de pago con tarjeta instalados en acuartelamientos integraban cámaras y micrófonos sin cartelería, sin consentimiento y sin evaluación de impacto. Cinco meses después, el Ministerio ha respondido — pero bajo clasificación de “uso oficial” que impide a militares y ciudadanos conocer el alcance real de lo ocurrido.
Sevilla, 3 de agosto de 2026
La Unión de Militares de Tropa (UMT), asociación profesional inscrita con el n.º 8/2013 en el registro de asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, informa de la culminación de la primera fase de su denuncia sobre la presencia, en máquinas expendedoras situadas en el interior de recintos militares, de módulos de pago con cámaras de vídeo y micrófonos con capacidad de captar imagen y sonido de forma continua, instalados sin previo aviso, sin cartelería informativa y sin el consentimiento de los afectados.
El hallazgo fue advertido inicialmente por socios y personal destinado en el ámbito de la Subinspección General del Ejército Sur (SUIGE SUR). La primera medida adoptada sobre el terreno fue tan insólita como reveladora: tapar la lente de la cámara con cinta adhesiva, dejando los micrófonos operativos.
El 16 de febrero de 2026, UMT registró ante la Subsecretaría de Defensa y el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) una batería formal de trece preguntas, exigiendo, entre otras cuestiones, el alcance del despliegue, el censo de personas potencialmente afectadas, la cronología, si se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto en Protección de Datos (art. 35 RGPD), si se notificó la eventual brecha a la Agencia Española de Protección de Datos (art. 33 RGPD) y qué cauce tienen los afectados para ejercer sus derechos. Tras solicitar en marzo una ampliación de plazo, el Ministerio remitió su respuesta el 16 de julio de 2026.
De la respuesta se desprende que la situación denunciada era real y que la Administración ha adoptado medidas correctoras a raíz de la actuación de esta asociación, que alcanzan incluso a sus futuros procedimientos de contratación. No obstante, cuestiones esenciales —la evaluación de impacto previa, la cronología de la exposición, la depuración de responsabilidades y el cauce para que los afectados ejerzan sus derechos— siguen sin respuesta suficiente, y la verificación de que los dispositivos no captaban datos descansa en certificaciones de las propias empresas, sin auditoría independiente.
«Que unos dispositivos con cámara y micrófono hayan podido operar dentro de recintos afectos a la Defensa Nacional sin que nadie lo advirtiera en los pliegos de contratación es un fallo de seguridad y de protección de datos de primer orden. Celebramos que se hayan adoptado medidas, pero los militares y sus familias tienen derecho a saber qué pasó, durante cuánto tiempo y quién es responsable», declaró Francisco José Durán Baños, presidente de UMT
UMT mantendrá abiertas todas las vías legales a su alcance —reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, solicitud por la Ley de Transparencia, queja ante el Defensor del Pueblo y traslado al Observatorio de la Vida Militar— hasta obtener respuesta completa, la verificación independiente de que ningún dato fue captado o transmitido y la depuración de responsabilidades por la omisión de los controles preceptivos.
La asociación hace un llamamiento al personal militar: quien observe máquinas expendedoras con módulos de pago que incorporen cámara o micrófono sin señalización visible puede comunicarlo a umtespana@umtespana.es o al teléfono +34 611 721 896.
